miércoles, 17 de octubre de 2012


FASE PREPARATORIA O DE INVESTIGACION
7. Generalidades.  7.1.  Objeto  o finalidad. 7.2. Competencia.  7.3.  Alcance 7.4.  Control Judicial.   7.5.  Inicio del Proceso Penal                                   
7. Generalidades.-
                 Es la primera de las fases en que se divide el procedimiento penal ordinario, regulado tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la fase básica de investigación de los hechos punibles bajo la dirección del Ministerio Público, y en el caso de la justicia pupilar, del Ministerio Público Especializado, tal como lo expresa el artículo 552 de la misma ley, del siguiente tenor: “El o la Fiscal del Ministerio Público Especializado dirigirá la investigación en casos de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales. De la apertura de la averiguación se notificará de inmediato, al Juez o Juez de Control”
7.1. Objeto.-
Esta fase tiene por objeto principal, según lo anuncia el artículo 551 de la misma ley, la preparación del juicio oral y privado, fundamentalmente, la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de certeza que le sirvan al Fiscal del Ministerio Público Especializado para fundamentar su acusación y la preparación de la defensa del imputado.
Igualmente, tiene como objeto, confirmar o descartar la sospecha fundada de la existencia o comisión de un hecho punible y determinar si el o la adolescente concurrió en su perpetración.
7.2 .Competencia.-
El monopolio de la acción penal le corresponde, por disposición del artículo 285, numeral 4º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 552 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio Público, de tal manera, que al Fiscal del Ministerio Público Especializado, le corresponde dirigir la investigación en los delitos de acción pública, auxiliado por los cuerpos policiales.
Así mismo, está obligado, según lo dispone el artículo 552 de ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, so pena de nulidad de las actuaciones, de notificar inmediatamente de la apertura de la investigación contra un o una adolescente, al Juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.  
7.3. Alcance:
El Ministerio Público Especializado, conforme lo consagra el artículo 553 ejusdem, le corresponde investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias que sean útiles para fundamentar el ejercicio de su acción, así como aquellos que obren a favor o sean útiles al adolescente investigado o sospechoso.
7.4.  Control Judicial:
Esta fase se encuentra sujeta a control judicial, tal como lo dispone el artículo 555 de la ley especial, “Al Juez o Jueza de Control compete autorizar y realizar los anticipos de prueba y acordar medidas de coerción personal, resolver incidentes, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y dispone las medidas necesarias para que en la obtención e incorporación de la prueba, se respeten los principios del ordenamiento jurídico”.
Así mismo expresa el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “A los Jueces o Juezas de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones”. 
En la Exposición de Motivos del Código Orgánico Procesal Penal, se consagra, entre otras cosas, que la finalidad de esta fase es practicar las diligencias pertinentes orientadas a determinar si existen o no razones para proponer acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento, o, de otro modo, requerir el sobreseimiento.
La medida más importante que puede verificarse durante esta fase preparatoria es la referida a la privación preventiva judicial de la libertad del imputado; otras que también pueden afectar garantías constitucionales lo son el allanamiento, incautación de objetos, intercepción de las comunicaciones y ocupación de la correspondencia; por ello requieren una decisión del juez de control.
Es competencia de los Jueces de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, autorizar y realizar las pruebas anticipadas, así como acordar medidas de coerción personal.
        También es de su competencia, resolver incidentes, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y garantizar que en la obtención e incorporación de la prueba, se respeten los principios del ordenamiento jurídico.
De esto se infiere que en esta fase los poderes del Ministerio Público no son ilimitados, ya que su actuación está sometida a la supervisión de los Jueces de Control.  (Art. 555 de la LOPNNA.)


7.5.  Inicio del Proceso Penal:
                La investigación se inicia mediante la orden o auto emanado del Ministerio Público Especializado de apertura de la investigación y por ende se inicia el procedimiento penal en la fase preparatoria, con base a la información recibida por noticia criminis de la presunta comisión de un hecho punible de acción pública o enjuiciable de oficio o de la denuncia interpuesta por cualquier persona afectada o no sobre el conocimiento de la presunta comisión de un delito de acción pública o mediante querella o acusación privada formulada por la víctima, que puede ser una persona natural o jurídica, que le imputa a otra la comisión de un determinado hecho delictivo, por lo que solicita al órgano competente iniciar la investigación correspondiente.
                Estos modos de conocimiento del órgano competente sobre la comisión de algún hecho delictivo, que dan origen a la investigación de esos hechos presuntamente punibles, se les denomina “Modos de Proceder” o  “Modos de Inicio del Proceso”
Existen tres modos o modalidades de inicio del proceso:
1.-De oficio o por notitia criminis
2.-Por denuncia
3.-Por querella o acusación privada
7.5.1. De oficio:
Según lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando de cualquier modo, el Ministerio Público, tenga conocimiento de la perpetración o consumación de un hecho delictivo de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
En el Proceso Penal Adolescentes, a diferencia del Proceso Penal de Adultos contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, una vez que el Ministerio Público Especializado ordena que se aperture una investigación contra un o una adolescente, está en la obligación, según lo expresa el artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de notificar de inmediato del inicio de la investigación, al Juez o Jueza de Control, so pena de nulidad de las actuaciones, lo cual debe el Defensor o Defensora del o de la adolescente imputado o imputada, solicitarlo al Juez o Jueza de Control Adolescente.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, estableció,  que la defensa debe impugnar el vicio dentro de los tres días siguientes, por tratarse de una nulidad saneable, conforme lo establece el artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente instituyó  que si el adolescente ejecuta algún acto del proceso que le permita el derecho a la defensa y tenga conocimiento del proceso que se le sigue y la posibilidad de participar en el desarrollo de la investigación solicitando las diligencias que considere pertinentes, esto convalida el acto anulable.
                Si la notitia criminis es recibida por las autoridades policiales, dentro de las doce horas siguientes deberán comunicar al Ministerio Público y solo practicarán las diligencias necesarias y urgentes, las cuales van dirigidas a identificar y ubicar a los presuntos autores o autoras y demás participes del hecho punible y asegurar los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito.
7.5.2. Por denuncia:
La denuncia es la otra forma de conocimiento que tiene el Ministerio Público Especializado o el órgano de Policía de Investigación Penal sobre la perpetración de un hecho punible de acción pública, que da origen a la correspondiente investigación penal.
Conforme a lo expresado por el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, podemos señalar que es el acto mediante el cual cualquier persona,  afectada o no, pone en conocimiento del Ministerio Público o un órgano de Policía de Investigación Penal de la perpetración de un delito o hecho punible, de acción pública, en forma verbal o por escrito.
Esta denuncia, nos enseña el artículo 286 del Código Adjetivo Penal, si es verbal, se levantará un acta la cual firmará el denunciante y el funcionario que la recibe, y si es escrita, será firmada por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si el que denuncia no sabe o no puede firmar, estampará sus huellas digitales. La denuncia así mismo, deberá contener la identificación del denunciante, indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quienes lo han cometido y las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.
Si la denuncia es recibida por un órgano de Policía de Investigación Penal, nos dice el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, éste deberá notificar al Fiscal del Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y sólo podrán practicar las diligencias necesarias y urgentes.
Este lapso sólo es aplicable cuando la denuncia la recibe el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ya que tratándose de otro cuerpo u órgano policial de seguridad ciudadana, deberá notificar de inmediato y de manera simultánea al Ministerio Público y al Cuerpo de Policía Científica señalado.
7.5.2.1. Denuncia obligatoria:
En los particulares:
Cuando por disposición del Código Penal o de alguna ley especial, su omisión sea sancionable.
En los funcionarios o funcionarias públicos:      
Cuando en el ejercicio o desempeño de sus funciones se impusieren de la comisión de algún hecho punible de acción pública.

En los médicos o médicas cirujanas y demás profesionales de la salud:
              
Cuando hayan sido llamados a prestar auxilio como profesionales en casos de envenenamiento, heridas u otras clases de lesiones, abortos o suposición de parto. En tales casos deberán  dar parte a las autoridades competentes. (Art. 287 COPP, aplicado por expresa remisión del art. 537 de la LOPNNA.)

7.5.2.2. No están obligados a denunciar:
a.- El cónyuge o la cónyuge.
b.- Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción, hasta el segundo grado, inclusive, del pariente participe en los hechos.
c. Al tutor o tutora, respecto de su pupilo o pupila.
d.- Al pupilo o pupila respecto de su tutor o tutora.
7.5.2.3. Tampoco están obligados a denunciar, por razones profesionales y de religión:                a.- Los abogados o abogadas, en relación a las instrucciones y explicaciones que reciban o le suministren sus clientes o clientas.
                b.- Los ministros o ministras de cualquier culto con respecto a las noticias que se les hayan revelado en el ejercicio de su ministerio, realizadas bajo secreto.
                c.- los médicos o médicas o cualquier profesional de la salud, cuando por disposición de una ley especial, quedan exentos de esa obligación. Arts. 288 y 289 COPP, aplicados por expresa remisión del art. 537 de la LOPNNA.
7.5.2.4. Imputación pública y responsabilidad del denunciante:
                Cualquier persona que haya sido imputado o imputada públicamente por otra  de haber participado o concurrido en la comisión de un delito, tendrá el derecho de acudir al Ministerio Público a fin de solicitar que se investigue la imputación de que fue objeto.
                El que hizo la imputación pagará las costas de la investigación si ésta no arroja ningún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho.
                El que denuncia no es parte del proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la misma, es responsable conforme a  la ley. (Arts. 290 y 291 COPP, aplicado por remisión del art. 537 de la LOPNNA)
7.5.3.  Querella o acusación privada:
La querella constituye el tercer modo de inicio de la investigación o del proceso penal. Se trata de la solicitud escrita que presenta una persona natural o jurídica, que tenga la condición de víctima, ante el Juez de Control de la Sección Adolescentes, en la cual imputa a un o una adolescente la comisión de un determinado hecho delictivo y solicita el inicio de la correspondiente investigación. Esto procede en aquellos delitos enjuiciables a instancia de parte o delitos de acción privada.
En los delitos de acción pública o enjuiciables de oficio, la víctima, según lo dispone el artículo 572 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, podrá adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo los requisitos del artículo 294 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta el día anterior fijado para la audiencia preliminar.
Sólo la persona natural o jurídica que tenga la condición de víctima es la legitimada para presentar acusación particular propia o querella y esto la diferencia de la denuncia, la cual puede hacerla cualquier persona, afectada o no, que tenga conocimiento de la perpetración o comisión de una hecho punible
EL Juez o Jueza decidirá sobre la admisión de la querella y notificará su decisión al Ministerio Público y al adolescente imputado o imputada e igualmente, si la admite, ordenará a la policía de investigación las diligencias que se le solicite, cuando la estime conducente
La admisión de la querella, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, confiere a la víctima la condición de parte querellante y así debe expresarlo el Juez de Control Adolescentes en el auto de admisión de la querella o acusación privada.
Contenido de la querella o acusación privada:
Conforme a las previsiones del artículo 294 del Código Orgánico Procesal Penal, la querella o acusación privada propia deberá contener los siguientes requisitos:
1.- identificación completa del querellante, domicilio o residencia y relación de parentesco con el querellado o querellada
2.- Identificación completa del querellado o querellada. Domicilio o residencia.
3.- El delito que se le imputa; lugar, día y hora aproximada de su perpetración
4- Relación especificada de todas las circunstancias del hecho. 
Si falta alguno de los requisitos de los señalados, el tribunal ordenará que se complete en el plazo de tres días.
Oposición a la admisión de la querella:
Las partes pueden oponerse a la admisión de la querella mediante las excepciones correspondientes previstas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal.
                Artículo 28. Excepciones. Durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

1. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 35;
2. La falta de jurisdicción;
3. La incompetencia del tribunal;
4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:
a) La cosa juzgada;
b) Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los ordinales 1 y 2 del artículo 20;
c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter penal;
d) Prohibición legal de intentar la acción propuesta;
e) Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción;
f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción; 
g) Falta de capacidad del imputado;
h) La caducidad de la acción penal;
i) Falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no puedan ser corregidos, o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 330 y 412;
5. La Extinción de la acción penal; y
                6. El indulto.
Si concurren dos o más excepciones deberán plantearse conjuntamente.

Recurso contra la resolución:
El Juez podrá rechazar o desestimar la querella, y esa decisión deberá ser fundada, bajo pena de nulidad, tal como lo expresa el artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal y es apelable por la víctima sin que el proceso se suspenda, tal como lo señala el último aparte del referido artículo  y el artículo 447, numeral 3º ejusdem.
Desistimiento del querellante:
El artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el derecho que le asiste a la víctima que se ha constituido en querellante o acusador privado de desistir de su querella o acusación privada propia en cualquier momento o estado del proceso, pero queda obligada a pagar las costas que haya ocasionado.
Igualmente nos señala la citada norma, los supuestos de hecho en los que se entiende o considera que el o la  querellante ha desistido de la misma.
Se entiende que el o la querellante han desistido, cuando:
1.- Citado a prestar declaración testimonial, no concurra sin justa causa.
2.- No formule acusación particular propia o no se adhiera a la del fiscal.
3.- No asista a la audiencia preliminar sin causa justificada.
4.- No ofrezca prueba para fundamentar su acusación particular propia.
5.- No concurra al juicio o se ausente sin autorización del tribunal.
Desistimiento de oficio o a petición de parte:
El desistimiento será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes.
Recurso contra la decisión que declara el desistimiento:
La decisión es apelable sin que se suspenda el proceso.
Imposibilidad de nueva persecución:
El efecto que produce el desistimiento, sea de manera expresa o tácita, es la pérdida de la acción penal, de tal modo, que el querellante no podrá intentarla nuevamente, e impedirá toda posterior persecución por el mismo hecho que constituyó el objeto de su querella o de su acusación particular propia, y en relación a los imputados o imputadas que participaron en el proceso, tal como lo dispone el artículo 298 del Código Orgánico Procesal Penal.
Responsabilidad del querellante o acusador:
El artículo 299 del Código Adjetivo Penal, expresa que el querellante, acusador o acusadora particular será responsable, según la ley, cuando los hechos en que se funda su querella o acusación particular propia, sean falsos o cuando litigue con temeridad, respecto de cuyas circunstancias deberá pronunciarse el Juez o Jueza motivadamente.
Por esta situación, declarada por el tribunal la falsedad de los hechos en los que el querellante o acusador o acusadora privada funde su querella o acusación, podrían ser responsables penalmente por la comisión del delito de Simulación de Hecho Punible o Calumnia, según el caso, tal como lo prevé el Código Penal.  
Si el Tribunal declara la temeridad o la mala fe del querellante o acusador o acusadora privada, conforme a lo señalado en el artículo 103 del Código Adjetivo Penal, podrá sancionarlo o sancionarla con multa del equivalente en bolívares de veinte a cien unidades tributarias en el caso de falta grave y en los demás casos, con el equivalente en bolívares de hasta veinte unidades tributarias o apercibimiento. Antes de imponer la sanción, el tribunal oirá al afectado o afectada y en los casos que haya instancia pendiente las sanciones serán apelables.  
Plazo para presentar la acusación y oír al querellado:
Practicadas las diligencias, el Juez o Jueza de Control las entregará al querellante para que dentro del plazo de diez (10) días presente la acusación.
Recibida la acusación, el Tribunal fija una audiencia para oír al acusado o acusada y se procede a poner a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación, para que sean examinadas en el plazo común de cinco días y se fijará la audiencia preliminar a realizarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento de este plazo. (Arts. 556 y 571 LOPNNA).
Artículo 556°
Querella. Tratándose de hechos punibles de instancia privada, la querella se propondrá por escrito ante el Juez de Control, quien decidirá sobre su admisión y ordenará a la policía de investigación las diligencias que se le solicite, cuando las estime conducentes.
Practicadas las diligencias, el Juez las entregará al querellante para que dentro de diez días presente la acusación, Recibida ésta, se Fijará una audiencia para oír al acusado y se procederá conforme al artículo 571 de esta Ley.
Artículo 571°
Audiencia Preliminar. Presentada la acusación, el Juez de Control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días y fijará la audiencia preliminar a realizarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento de este plazo.
7.6 Inicio de la Investigación.-
La Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes en el Capítulo II, Sección Primera, que corresponde al Procedimiento y la Investigación, no indica de manera sistemática el desarrollo de la fase preparatoria o de investigación; no obstante, el artículo 537 establece que las disposiciones del Título V de la Ley que consagra “El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”, sus disposiciones deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal, y de los tratados internacionales en favor de las personas y especialmente de los adolescentes. Así mismo indica la norma, que en todo lo que no se encuentre  expresamente regulado en este Título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva y procesal y, en su defecto el Código de Procedimiento Civil.    
Interpretando el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, y aplicándolo por expreso mandato de la norma en comento al proceso penal adolescente, señalaremos que una vez interpuesta la denuncia o recibida la querella, por la comisión de un delito de acción pública o perseguible de oficio, en el que se encuentre implicado o implicada algún adolescente, el o la Fiscal del Ministerio Público de la Sección Penal Adolescentes, ordenará sin pérdida de tiempo el inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar: 1.- La perpetración del hecho punible del que ha tenido conocimiento; 2.- Todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes; 3.- El aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, tal como lo dispone el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el mismo orden de ideas, nos expresa el artículo 551 de la Ley Especial que la investigación tiene como objeto confirmar o descartar la sospecha fundada de la existencia de un hecho punible y determinar, en el primer caso, si un o una adolescente concurrió en su perpetración.
El mismo artículo 300, de la ley penal adjetiva, señala que el Ministerio Público, mediante esa orden dará comienzo a la investigación de oficio, y si el conocimiento de la perpetración o consumación de un delito de acción pública o enjuiciable de oficio, la ha tenido por un medio diferente a los ya señalados, mediante esa misma orden, apertura la investigación de oficio, es decir, con el correspondiente auto de proceder de iniciación de la investigación.
Igualmente, en su aparte final, señala que en caso de duda razonable sobre la naturaleza del hecho denunciado, el o la Fiscal del Ministerio Público, procederá conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 301, es decir, solicitar al Juez de Control la desestimación de la denuncia o querella, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, mediante escrito motivado, por los siguientes motivos:
1.-    Cuando el hecho denunciado o en el que se fundamenta la querella no revista carácter penal.
En este supuesto se debe confirmar si el hecho denunciado o el hecho fundamento de la querella, está previsto y calificado por la ley penal como delito.

2.- La acción está evidentemente prescrita.
En este, se debe comprobar, conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código Penal,  si por el transcurso del tiempo previsto por la ley, la acción penal para perseguir el delito de que se trate, se encuentra prescrita o en aquellos casos en que expresamente señala ley, ha operado la prescripción ordinaria y, se ha producido la extinción de la acción penal.

3.- Existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
En este supuesto, se debe determinar, si existe algún obstáculo para el ejercicio de la acción penal, tal como lo prevé el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal.

Si luego de iniciada la investigación, señala la misma norma, en su último aparte, el o la Fiscal del Ministerio Público, determinare que el hecho denunciado o el previsto en la querella, constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada, vale decir,     delito de acción privada, solicitará igualmente su desestimación al Juez de Control.
El artículo 302 del Código Adjetivo Penal, señala, que cuando la decisión que desestima la denuncia o la querella, se fundamente en la existencia de un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, conforme al artículo 28 del mismo código, no podrá ser modificada mientras se mantenga dicho obstáculo. Esta decisión, de carácter provisional, se mantiene en los asuntos, en que puedan variar o resolver las situaciones que originan el obstáculo legal que impide el desarrollo del proceso, como por ejemplo, cuando el o la fiscal del Ministerio Público desestima la denuncia o la querella porque versa sobre hechos enjuiciables a instancia de parte o el supuesto de Juzgamiento de Altos Funcionarios Públicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Código Adjetivo Penal, que indica que para el enjuiciamiento de estos altos funcionarios, se requiere que el o la fiscal que haya conducido la investigación preliminar se dirija a el o la Fiscal General de la República a los fines de que éste o ésta ordene solicitar la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento y, hasta tanto decida la instancia judicial correspondiente, o, cualquiera otra instancia establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la de los estados u otras leyes, no podrá realizarse contra el funcionario o funcionaria investigado o investigada, ningún acto que conlleve una persecución personal, salva las excepciones consagradas en el mismo código.
En los casos de que la acción esté prescrita o los hechos no revisten carácter penal, no hay forma de superar el obstáculo, ya que se trata de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, que impide la iniciación del proceso, pone fin al mismo y produce efecto de cosa juzgada.
Si el Juez o Jueza de Control, rechaza la desestimación hecha por el Ministerio Público, ordenará que prosiga la investigación.
La decisión que declara con lugar la desestimación, podrá ser apelada por la víctima, se haya o no querellado, debiendo interponer el recurso dentro delos cinco (05) días siguientes a la fecha de la publicación de la decisión.      
7.6.1 .Notificación obligatoria de la apertura de la investigación:
Prevé el artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que el Fiscal del Ministerio Público Especializado, está obligado por imperio de la ley, a notificar, sin demora alguna, al Juez de Control de la Sección Penal Adolescentes, de la apertura de la averiguación, so pena de nulidad de las actuaciones, por violación al debido proceso, al derecho a la defensa, a la información, consagrada en el artículo 541 y el derecho a ser oído, consagrado en el artículo 542, ambos de la Ley Especial.
Art. 541: Lopnna: Información.-
“El o la adolescente  investigado o investigada o detenido o detenida debe ser informado o informada de los motivos  de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata  de sus padres, representantes o responsables y su defensor o defensora”
Esta garantía entraña el pleno ejercicio del derecho a la defensa y otros efectos procesales; representa una vinculación necesaria entre el adolescente investigado y los funcionarios actuantes; entre el adolescente y sus padres, representantes, responsables y defensor.
La Convención sobre los Derechos del Niño, lo determina en el artículo 40, numeral 2º, literal b, inciso ii, cuando dispone:
Art. 40: Convención sobre los Derechos del Niño:
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
                ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa.
Lo precedente está en consonancia con lo establecido en el artículo 49, ordinal 1º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 655 de la Ley Especial.
Art. 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1º.-... Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga…
Los padres, representantes o responsables del adolescente, les asiste por disposición del artículo 655 de la Ley Especial, el derecho a intervenir en el proceso como apoyo de la defensa, sin restringir su función como tal.
Art. 655: Lopnna.- Padres, madres, representantes o responsables:
Los padres, madres, representantes o responsables del adolescente podrán intervenir en el procedimiento como coadyuvantes en la defensa. Esto no obsta para que rindan declaración si fuesen testigos del hecho.
Dos (2) decisiones referentes a la debida notificación que debe hacer el Ministerio Público Especializado de la apertura de la averiguación, conforme al artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el lapso de presentación del adolescente detenido ante el Tribunal de Control.
1.- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Ponente Magistrada Carmen Zulueta de Merchan)
La Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una acción de Amparo Constitucional ejercida por el abogado Alfredo Bustamante Baragaña, contra la decisión dictada, el 12 de agosto de 2008, por la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, para cuya fundamentación alegó, entre otras, la violación del debido proceso por la infracción directa del Artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, manifestando que el procedimiento investigativo llevado por la Fiscalía del Ministerio Público, está viciado de nulidad absoluta, por cuanto tratándose de un delito de acción pública, tal y como lo asentó la Juez de Juicio en la decisión recurrida, la vindicta pública debió notificar al Juez de Control de la apertura de la investigación.
En esta sentencia, donde la ponente fue la Magistrada  Carmen Zulueta de Merchán, en la causa signada con el No. 09-0185, de fecha 26 de Noviembre de 2.009, se declaró SIN LUGAR, la acción de amparo propuesta, aduciendo, en cuanto a la denuncia señalada del artículo 552 de la Ley Especial, lo siguiente:
1.- Que la no notificación del Ministerio Público del inicio de la investigación al Juez de Control, conforme las previsiones del artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes, aplicable ratione  temporis; concluye la Sala que este vicio fue convalidado, por cuanto la defensa de los adolescentes no impugnó dentro de los tres días siguientes el señalado vicio, al tratarse de una nulidad saneable conforme lo prevé el artículo 193 Código Orgánico Procesal Penal. (resaltado nuestro)
2.-  que en la fase de investigación se le permitió a los adolescentes el ejercicio del derecho a la defensa al tener conocimiento del proceso que se les seguía y teniendo la posibilidad de participar en el desarrollo de la investigación solicitando las diligencias que consideraren pertinentes. Igualmente pudieron ofrecer medios de pruebas, por lo que tuvieron a su alcance el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
2.- Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro. (Juez Ponente: Ermilo José Dellán Estaba)
El Juzgado Primero de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, en el asunto signado con el No. YP01-D-2008-000028, según Resolución No.  1C-11-2008, de fecha 10 de Abril de 2.008, declaro nulas las actuaciones por violación de los artículos 552, 550, 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, articulo 44, ordinal 1º  y 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Aperturada la audiencia:
La Representación Fiscal, expuso:
“Buenos días de conformidad al artículo 285 ordinales 1° y 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hago formal presentación del Adolescente (identidad omitida), por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Peligrosas previsto en el artículo 83 de la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos; quien en fecha 05 de Abril de 2.008, siendo las 09:30 p.m., fue aprehendido por funcionarios adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, ARMADA COMANDO NAVAL DE OPERACIONES…”


Alegó la defensa pública:
“… hubo una flagrante violación de los derechos que asisten al adolescente (identidad omitida) el cual pertenece a la etnia warao, situación que agrava aún más, pues la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas nos ha conferido la loable misión de garantizar… los derechos de los mismos.  Debe el Ministerio Público notificar de inmediato la apertura de cualquier averiguación al Juez de Control y, éste debe hacer respetar las garantías procesales. … el adolescente tiene cuatro (04) días detenido y debió, conforme al artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ser presentado ante el Juez de Control  dentro de las 24 horas o conforme al artículo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ordinal 1º, dentro de las 48 horas a partir de su detención…”
                El Tribunal, vista la exposición de la Fiscal del Ministerio Público, como la Defensa, paso a decidir de la siguiente manera:
                “… se pudo evidenciar, que efectivamente, el adolescente (identidad omitida), identificado Ut-Supra, fue detenido por funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Armada Naval de Operaciones, acantonados en el Municipio Antonio Díaz del Estado Delta Amacuro, el día 05 de Abril de 2.008, a eso de las 09:30 horas de la noche, en el Río Orinoco, cerca de la Comunidad de Curiapo, … iniciándose la averiguación de oficio
                En efecto, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 552, dispone, que es obligación del Ministerio Público, notificar de inmediato al Juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, de la apertura de la investigación que se haga en contra de cualquier adolescente, a los fines de que se respeten las garantías procesales, so pena de nulidad de las actuaciones; agravándose más aún la situación, en virtud de que el adolescente detenido pertenece a la etnia guarao, por lo que el tratamiento en tal situación debe ceñirse igualmente a lo establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. La notificación que ordena la norma en comento nunca se realizó, aun cuando es de obligatorio cumplimiento. Igualmente señala el artículo 550 de la Ley Especial, que cuando se trate de adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, se debe observar, además de las reglas de la ley, sus usos y costumbres y se oirá a las autoridades propias, siempre que sea posible su comparecencia. En el mismo orden de ideas, señala el artículo 557 ejusdem, que el adolescente detenido en flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal del Ministerio Público (especializado), quien está en la obligación de presentarlo en un término de 24 horas ante el Juez de Control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión.
                La aprehensión del adolescente (identidad omitida), se realizó el día 05 de Abril de 2.008, siendo las 09:30 de la noche, y la presentación ante el Tribunal se hizo el día 08 de Abril de 2,008, a las 09:30 de la mañana, por lo que habían transcurrido 48 horas desde su aprehensión, en flagrante violación del precitado artículo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, que el detenido in fraganti, será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Esto conlleva a la violación del artículo 49, ordinal 1º del texto constitucional que consagra el DEBIDO PROCESO, entendido como aquel que está constituido por las garantías fundamentales que aseguran la correcta administración de justicia y comprende, entre otras cosas, el derecho a la defensa y el derecho a ser oído, siendo estos derechos individuales que deben garantizarse en las diferentes etapas del proceso, no pudiendo ningún órgano del Estado coartarlo bajo cualquier pretexto, y cuya violación conlleva a la nulidad de lo actuado por inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes y la Constitución de la República. ASI SE DECIDE.-
7.6.2. Audiencia de Presentación de Imputados:
                Es la primera oportunidad en que el adolescente detenido es presentado, por parte del Fiscal del Ministerio Público Especializado, ante el órgano jurisdiccional.
Esta audiencia tiene su fundamento en el artículo 44, ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:
Art. 44: La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1º: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a partir del momento de la detención…”
Norma constitucional que va en concordancia con el artículo 557, que trata de la Detención en flagrancia; 558, de la Detención para Identificación y 559, de la Detención para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar; todos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cabe destacar, que en la práctica forense, aun cuando el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece un plazo de veinticuatro horas (24) horas para que el Fiscal del Ministerio Público Especializado, presente ante el Juez de Control, al adolescente detenido y le exponga cómo se produjo la detención, lo cierto es que esa presentación, es decir, la audiencia de presentación de detenidos, se hace en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas, establecido en el citado artículo 44, ordinal 1º constitucional, lo que considero violatorio a la garantía adicional prevista en la norma de la Ley Especial, cuyo lapso debe considerarse perentorio, primero, por tratarse de una ley especialísima y segundo, por los sujetos a quienes se aplica.
El artículo 4 de la referida ley especial expresa, que el Estado tiene la obligación impostergable de asumir todas las medidas que sean necesarias para garantizar y asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plenamente de sus derechos y garantías.



Art. 4 LOPNNA: Obligaciones generales del Estado.-
El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente sus derechos y garantías.
El artículo 37 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su literal “b”, consagra que ningún niño puede ser privado ilegal ni  arbitrariamente de su libertad y que la detención,  el encarcelamiento o la prisión se llevarán a cabo conforme a la ley.
Artículo 37: Convención sobre los Derechos del Niño:
 Los Estados Partes velarán por qué: …. b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
                En el mismo orden, el artículo 40 de la referida convención estatuye, en su ordinal 2º, inciso III, que las causas, por infracción de leyes penales, que se siguen contra niños o adolescentes deben ser dirimidas sin demora por un órgano jurisdiccional competente e imparcial.
Art. 40: Convención sobre los Derechos del Niño:
                2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
                iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;
Por su parte, el artículo 8, que consagra el Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, principio de obligatorio cumplimiento  en las tomas de decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, para asegurarles el disfrute pleno de sus derechos y garantías; establece en el Parágrafo Segundo, que en aplicación a éste principio, cuando exista conflicto entre los derechos en intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Art. 8 LOPNNA: Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes.-
                El interés Superior del Niños, Niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo  integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías”
Artículo 3: Convención sobre los Derechos del Niño
                1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
                7.6.3. Detención del adolescente en la fase de investigación:
La detención del o de la adolescente en esta fase de investigación únicamente puede ejecutarse por orden emanada del juez de Control de la Sección Penal Adolescentes y solo en los casos que se indican a continuación, de tal manera, que fuera de estos supuestos, la detención es ilegal:
1.- Detención In Fraganti
2.- Detención para la Identificación
3.- Detención para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar
En cualquiera de estos supuestos, el Ministerio Público está obligado a presentar acusación en un plazo de 96 horas siguientes a la detención, del o de la adolescente y de no hacerlo, en ese plazo, procede de oficio su inmediata libertad, caso contrario, se tiene la detención como una privación ilegal de la libertad y se recurre mediante una acción de amparo constitucional a la libertad (Habeas Corpus), ante el Juez de Control a quien le compete por ley, conocer de esta acción de amparo a la libertad y seguridad personales, salvo cuando el presunto agraviante sea un tribunal de la misma instancia, caso en el cual el tribunal competente será el superior jerárquico; conforme a lo pautado en el artículo 27 de la carta magna, que expresa textualmente:
Art. 27: Constitución República Bolivariana de Venezuela.-
Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.
1.- Detención in fraganti:
El o la adolescente detenido o detenida en flagrancia, queda automáticamente identificado o identificada, solo en cuanto a persona física, autora o partícipe en la comisión de un hecho delictivo, pero puede suceder que este o esta adolescente detenido o detenida en flagrancia no suministre los datos de su identidad o los provea falsamente, ante esta duda o supuestos, no debe ordenarse de inmediato la convocatoria a juicio, por ser necesario, de carácter previo la identificación plena del o de la adolescente.
Se dice que una detención se produce en flagrancia o infraganti, cuando se está cometiendo el delito o acaba de cometerse y el autor o autora  se vea perseguido por las personas presentes, por la autoridad o es localizado o localizada en las cercanías del lugar de comisión del hecho, en posesión de armas o de objetos que hagan presumir su autoría en el caso.
 Debe tratarse de una detención que se produce inmediata o casi inmediatamente al hecho que la genera y en lugar razonablemente cercano al sitio del suceso.
El o la adolescente detenido o detenida en flagrancia debe ser conducido o conducida inmediatamente ante al Fiscal del Ministerio Público especializado, quien lo presentará dentro de las 24 horas siguientes ante el Juez de Control y expondrá como se produjo la aprehensión.
En la audiencia de presentación el Juez de Control resolverá:
1.- Optar por el procedimiento abreviado, si considera que están llenos los extremos exigidos por el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, califica la flagrancia.
En este caso, ordenará la convocatoria a juicio oral y privado dentro de los diez (10) días siguientes y el Fiscal del Ministerio Público deberá presentar acusación directamente en esa audiencia y  la causa seguirá por el procedimiento ordinario.
2.- Si considera que no se encuentran llenos los extremos exigidos por las normas anteriormente señaladas, ordenará el trámite por la vía ordinaria, que puede concluir con alguna de las fórmulas de solución anticipada, con un sobreseimiento o con la presentación de la acusación.
En la audiencia de presentación del detenido in fraganti, el Juez de Control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva, solo en los casos en que proceda y atendiendo a la dispuesto en el artículo 628, parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, que debe tratarse de los delitos enumerados o señalados en la norma, los cuales son: Homicidio (salvo el culposo); lesiones gravísimas (salvo las culposas); violación, robo agravado; secuestro; tráfico de drogas, en todas sus modalidades; robo o hurto de vehículo automotor.
Fuera de estos delitos el Juez de Control solo podrá dictar una medida sustitutiva a la privativa de la libertad, conforme a lo establecido en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
2.- Detención para identificación:
En el curso de una investigación, puede suceder que surjan serios elementos que señalan a un o una adolescente como autor o autora o partícipe de un hecho punible, pero sólo es conocido o conocida por rasgos físicos o por apodo y por ende no puede ser citado para tomársele declaración, ni acusado o causada para oírlo en la audiencia preliminar.
En este caso, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público Especializado, ordenará la detención preventiva del o de la adolescente para los efectos de la identificación.
Una vez aprehendido el o la adolescente, será conducido o conducida ante el Juez de Control dentro de las 24 horas a su ubicación y el Ministerio Público solicitará la detención en función de lo expresado.   
El Juez, en la audiencia que se fije para tales fines, oirá a las partes y decidirá inmediatamente si acuerda o no la detención del o de la adolescente. 
Si acuerda la detención preventiva, ésta no podrá exceder de 96 horas.
Esta medida  de detención preventiva para fines de identificación, solo será acordada si no hay otra forma de asegurar que el o la adolescente no se evadirá.
Si la identificación del o de la adolescente se logra antes del plazo señalado, se hará cesar la detención inmediatamente.
3.- Detención para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar:
        En este supuesto, el o la adolescente está plenamente identificado y una vez ubicado o aprehendido, el Fiscal del Ministerio Público debe presentarlo dentro de las 24 horas siguientes ante el Juez de Control.
En la audiencia de presentación el Fiscal del Ministerio Público Especializado,  solicitará al Juez de Control, que ordene la detención del o de la adolescente para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar.
El Juez de Control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre la procedencia o no de la petición fiscal.
Si ordena la detención del o de la adolescente, el fiscal del Ministerio Público deberá presentar acusación dentro de las 96 horas siguientes, caso contrario, procederá la libertad inmediata del adolescente, sustituyendo la medida privativa de libertad por una menos gravosa.
Esta medida privativa de libertad procede o se acordará si no existe o no hay otra forma posible para asegurar su comparecencia, excepto cuando se trate de aquellos delitos que conforme a la ley requieren privación de libertad.
7.6.4. Niños, Niñas incursos en hechos punibles:
Cuando un niño o una niña se encuentren incursos en la comisión de un hecho punible, solo se aplicará medidas de protección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 532 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes.
Si un niño o niña es sorprendido en flagrancia por una autoridad policial, ésta dará aviso al Fiscal del Ministerio Público Especializado en Civil, Protección e Instituciones Familiares, quien lo pondrá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la orden del Consejo de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes del Municipio donde resida el niño o niña.
Si es un particular debe ponerlo de inmediato a la orden de la autoridad policial, para que éste proceda de la misma forma.
Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña en un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
7.6.5.  Separación de personas adultas:
        Los o las adolescentes deben estar siempre separados o separadas de las personas adultas cuando está en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad.
Las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos o detenidas en flagrancia o a disposición del Fiscal del Ministerio Público para su presentación al juez, debiendo remitirlos cuanto antes a los centros especializados.
7.6.6 .Actos conclusivos:
Realizada la investigación, la cual en todo caso no deberá exceder de seis meses desde la individualización del imputado, el Ministerio Público, como director e impulsor del proceso, le corresponde decidir la conclusión de esta fase preparatoria.
El Ministerio Público dispone de seis meses para dar por terminada la fase preparatoria, contados a partir de que exista un imputado concreto individualizado en el proceso.
Dentro de ese lapso deberá presentar una acusación, una solicitud de sobreseimiento o una decisión de archivo fiscal.
Vencido el plazo señalado, es decir, seis meses desde la individualización de adolescente imputado, sin que el fiscal del Ministerio Público haya presentado algún acto conclusivo, el imputado o imputada o la victima podrán dirigirse al Juez  o Jueza de Control para que inste al Ministerio Público a presentar alguna conclusión.
Para ello, dentro de las 24 horas de recibida la solicitud el Juez o Jueza de Control, convoca una audiencia oral y privada a realizarse dentro de los diez días siguientes, donde comparecen las partes y una vez oído al representante del Ministerio Público, puede solicitarle la fijación de un plazo prudencial que no podrá ser menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación.
Si a esa audiencia convocada para los fines señalados, no comparece el imputado o imputada o el defensor,  no se suspende el acto.
Para otorgar el plazo solicitado por la representación fiscal, el Juez de Control deberá tomar en cuenta la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación y cualquier otra circunstancia que considere pertinente para alcanzar la finalidad del proceso.
Si en el lapso concedido, el Fiscal del Ministerio Público no ha presentado ningún acto conclusivo, puede solicitar al Juez o Jueza de Control una prórroga.
Puede suceder, que en esa audiencia de prórroga, el Juez compruebe que el Fiscal del Ministerio Público no tiene nada adelantado, y no hay posibilidad alguna de concluir exitosamente la investigación, entonces, debe decretar el sobreseimiento, conforme a lo pautado en el artículo 318, ordinal 4º del COPP.
Si vence el plazo otorgado por el Juez de Control, el fiscal deberá presentar la acusación o el sobreseimiento dentro de los treinta días siguientes, sin que se otorgue nuevo plazo, caso contrario, el Juez decretará el archivo de las actuaciones con el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. La investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen y sea autorizado por el juez. (Arts. 313 y 314 COPP)
7.6.7. Conclusión de la fase de Investigación:
La fase de investigación puede concluir de tres maneras:
Mediante Archivo fiscal.-
Si el Ministerio Público estima que la investigación no arroja elementos suficientes para proponer la acusación, decretará el archivo de las actuaciones, la cual podrá ser reabierta cuando aparezcan nuevos elementos de convicción.
De esta medida se deberá notificar a la víctima que haya intervenido en el proceso, la cual podrá igualmente, solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes.
        La víctima, en cualquier momento puede dirigirse al Juez de Control y solicitarle que examine los fundamentos de la medida, para evitar que el fiscal no acuse por lenidad, indolencia o negligencia.
Se puede oponer al archivo fiscal si considera que el representante de la vindicta pública ha actuado con ligereza y que existen elementos para continuar la averiguación y acusar.
Si el Juez de Control, encontrare fundada la solicitud de la víctima, enviará las actuaciones al fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal que realice lo pertinente.
Si rechaza la solicitud de la víctima, debe dictar un auto razonado, que será recurrible ante la Corte de Apelaciones, conforme al ordinal 1º del artículo 447 del COPP.
                Si el Fiscal Superior se niega a ordenar a otro fiscal que continúe la investigación o acuse, conforme a lo establecido en el artículo 323, único aparte; el Juez de Control confirmará el archivo fiscal por auto razonado, quedando a salvo el derecho de la víctima de apelar ante la Corte de Apelaciones por el numeral 1º del artículo 447 del COPP.
Mediante Sobreseimiento.-
        Cuando de las resultas de la investigación se determina que:
a.- El hecho denunciado es inexistente o no puede ser probado.
b.- El hecho averiguado o denunciado no es constitutivo de delito.
c.- Que el investigado resulte inocente o no pueda ser procesado por razón de una causa de justificación, inculpabilidad o  de no punibilidad. 
d.- Que no esté probada su participación en el hecho.
En estos supuestos, procede el sobreseimiento y consecuencialmente la extinción de la acción penal.
Sobreseimiento Definitivo.-
El Sobreseimiento Definitivo procede, conforme a lo pautado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando:
1.- El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado.
En este supuesto.
-          El hecho que motivó la averiguación resulta ser inexistente.
-          El hecho no está suficientemente probado o no es constitutivo de delito.
        -   No consta la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento.
2.- El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.
En este caso.
El hecho imputado es real y está probado, pero no constituye delito, bien por  ausencia de tipicidad penal o porque concurren en el imputado causas de justificación, eximentes de la responsabilidad penal o excusas absolutorias.
Las causas de justificación son circunstancias en las cuales a pesar de que el acto es típico, se justifica por obrar con derecho para hacerlo o en cumplimiento de un deber.
Las causas de justificación en el Derecho Penal Venezolano
Artículo 65. – No es punible:
(Cumplimiento de un deber)
1.- El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales.
El art. 65 en su ordinal 1ero. Justifica el hecho que lesiona un  derecho ajeno cuando se obra en cumplimiento de un deber.
El “deber” a cumplir tiene que ser “legal”, no se justifican los hechos cometidos en cumplimiento de deberes morales, sociales o religiosos. Se trata de deberes impuestos a la persona; los actos ejecutados en cumplimiento de deberes resultantes de funciones públicas, están exentos, como parte del ejercicio de la autoridad y del cargo.
También los particulares que obran en cumplimiento de un deber. Cuando el particular aprehende a un delincuente sorprendido en el momento de ejecutar el delito; en este supuesto la privación de libertad resulta lícita, porque procede facultado por la ley (delito in  fraganti).
(Obediencia legítima y debida)
2.- El obra en virtud de obediencia legítima y debida, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se impondrá al que resultare haber dado la orden.
(Legítima Defensa)
3.- El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a.- Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho.
b.- Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.
c.- Falta de provocación suficiente de parte del que pretende haber obrado en defensa propia
(Estado de incertidumbre, temor o terror)
Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa.
(Estado de Necesidad)
d.- El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro, de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo
4.- El que obra en defensa de bienes contra el ladrón nocturno (Art. 423 CP).
5.- El que obra en defensa contra la arbitrariedad de los funcionarios  (Arts. 220 y 227 CP)
6.- Estado de necesidad del aborto (Art. 433, 3er aparte)
7.-Necesidade Especial (Arts. 162. ordinal 3º. 398, ordinal 1º, 478. Último aparte CP)
8.- Omisión por causa legítima (Art. 73 CP)
9.- Derecho de tenencia y porte de arma (Arts. 275, 279, 280, 282)
9.- Ofensa en los escritos judiciales (Art. 447 CP).

Causa de Imputabilidad.
La Minoridad.
Con la promulgación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se da un tratamiento especial a esta situación. Se establece una responsabilidad penal a los adolescentes por los hechos delictivos que cometan pero con un tratamiento especialísimo.
(Inimputabilidad Total)
La Perturbación mental de origen patológico y el sueño artificial o natural (Art. 62 CP)
(Inimputabilidad disminuida)
Atenuante de responsabilidades (Art. 63 CP).
Ausencia de Culpabilidad.
El Error (Art. 61 CP)
Obediencia legítima y debida
Violencia moral como estado de necesidad (Art. 65 CP).
El artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece las distintas formas en que la fiscalía Especializada del Ministerio Público puede concluir la investigación:
1.- Ejerciendo la acción penal pública, presentando acusación, si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente.
2.- Solicitando la suspensión del proceso a prueba, cuando se haya logrado un preacuerdo conciliatorio.
3.- Solicitando la remisión en los casos que proceda.
4.- Solicitando el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción.
5.- Solicitando el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción.
El Fiscal del  Ministerio puede solicitar al Juez de Control el sobreseimiento cuando se da alguno de los extremos señalados en el artículo 318 del COPP. En este caso, el Juez de Control, convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la solicitud fiscal, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate.
Si el juez de control no acepta la solicitud fiscal, enviará las actuaciones al Fiscal Superior, para que éste ratifique o rectifique la petición fiscal. Si lo ratifica el juez dictará el sobreseimiento pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento, ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.
El Sobreseimiento Definitivo pone fin al procedimiento y tiene la autoridad de Cosa Juzgada. Impide toda nueva persecución, por el mismo hecho, en contra del imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo establecido en el artículo 20 ejusdem (Artículo 319 COPP).
El Sobreseimiento provisional procede cuando resulta insuficiente lo actuado y no existe posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. En este caso, el Fiscal del Ministerio Público Especializado, presenta ante el Juez de Control la solicitud y este acuerda la misma. Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el Juez de Control pronunciará o deberá dictar el sobreseimiento definitivo, tal como lo ordena el artículo 562 de la LOPNNA.
Mediante acusación fiscal.-
Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, propondrá la acusación ante el Juez de Control.
Este es el acto más trascendental de la etapa preparatoria, ya que ello permitirá la continuación del proceso, lo que supone que el ministerio público cumplió con la finalidad de la investigación, ya que una vez que hizo constar los hechos y circunstancias que sirvieran de base para fundar la inculpación del imputado, estimó que la investigación proporcionó fundamentos serios para solicitar el enjuiciamiento del mismo.
7.6.7. Fórmulas de Solución Anticipada.-
En el COPP, estas fórmulas de solución anticipada se denominan ¨DE LAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO¨, y comprende: El Principio de Oportunidad. Los Acuerdos Reparatorios y La Suspensión Condicional del Proceso, consagrados en los artículos 37 al 46
En la LOPNNA, al igual que en el COPP, se trata de formas de resolver la controversia penal en la cual aparezca como autor o participe un adolescente, y se les denomina ¨Conciliación y Remisión¨, previstas en los artículos 564 al 569.
La Conciliación: Es una fórmula de solución anticipada de la controversia penal que procede para solucionar casos de delitos cometidos por el adolescente donde no procede la privación de la  libertad.
El Fiscal del Ministerio Público promoverá la conciliación y a tales efectos, celebrara una reunión con el adolescente imputado, sus padres, representantes o responsables para conciliar con la víctima.
En esa reunión el Fiscal le leerá al adolescente la eventual acusación en su contra.
Cuando se trata de hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos, es decir, aquellos que no afectan a personas determinadas, sino a todo el colectivo, propondrá la reparación del daño causado.
Si en esa reunión se llega a un preacuerdo, el Fiscal lo presentará ante el Juez de Control, conjuntamente con la eventual acusación.
Una vez que el Juez recibe la solicitud fiscal de conciliación, se le da entrada y fija una audiencia que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes al de recibo.
Llegada la oportunidad, se apertura la audiencia, con presencia de las partes, es decir, fiscal, defensor, imputado y víctima, quienes expondrán lo concerniente a la conciliación y si se logra un acuerdo entre ellos, se levanta el acta correspondiente donde se determinarán las obligaciones negociadas o convenidas, así como el plazo de cumplimiento.
El Juez de Control suspenderá el proceso a pruebas y dictará una resolución o auto motivado
Si el adolescente cumple con las obligaciones convenidas en el plazo señalado, el Fiscal del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento definitivo. Caso contrario, presentará acusación y continuará el proceso.
La Remisión:
Es una facultad que tiene el Ministerio Público de solicitar al Juez de Control:
1.-. Que prescinda del juicio.
2.- Que lo limite a una o varias infracciones menores.
3.- Que prescinda del juicio a favor solo de uno de los adolescentes partícipes.
El Juez de Control solo puede tomar las medidas señaladas, si el Fiscal del Ministerio Público, lo solicita, es decir, que el juez no puede de oficio dictar tales providencias.
La Remisión, como tal, procede en los siguientes casos:
a.- Cuando se trata de un hecho insignificante o de una participación mínima.
b.- Cuando el adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la perpetración o consumación de otros hechos conexos, ayude a su esclarecimiento o brinde información útil para probar la participación de otras personas.
c.-Cuando el adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.
d.- Cuando la sanción que se espera por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o la que cabe esperar por los restantes hechos.
Con la presentación de la acusación ante el Tribunal de Control de la Sección Penal Adolescentes, se inicia la etapa siguiente del proceso penal, denominada Fase Intermedia, cuyo acto principal es la Audiencia Preliminar, tal como lo establece la Sección Tercera, Capítulo II de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes.




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