miércoles, 17 de octubre de 2012

JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE


JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE
4. Generalidades. 4.1 Ministerio Público y Policía de Investigación. 4.2 Imputado o Imputada y Defensor o Defensora Privado. 4.3 Defensor Público y Defensora Público. 4.4 Defensor o Defensora de Oficio. 4.5 Defensor o Defensora Auxiliar. 4.6 Padres, madres, representantes o responsables. 4.7 Victima y Querellante. 4.8. Órganos Jurisdiccionales.
4. Generalidades
Con la entrada en vigencia en nuestro país, del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el sistema de justicia penal, tanto para adultos como para adolescentes, sufre un cambio substancial, dejando atrás el vetusto y anacrónico “Código de Enjuiciamiento Criminal” y  la “Ley Tutelar del Menor”, que consagraba un procedimiento penal, prácticamente carente de garantías procesales y fundamentales, con la intervención de un solo juez, que conocía todo el proceso en primera instancia, en cuanto al primero y relativo a la segunda, fundada en un modelo inspirado en legislaciones plagadas de todo tipo de abusos. La pobreza y el desamparo se castigaban con procesos que no guardaban el mínimo de respeto a los derechos humanos. Se exonero a la sociedad y a la familia de cualquier responsabilidad con respecto a las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes y el Estado asumió la tutela, y donde igualmente una sola persona, el Juez de Menores, tenía superpoderes de decisión.
En el nuevo esquema que nos presentan ambas legislaciones, se consagra un proceso penal garantista, con el máximo reflejo de los derechos humanos y fundamentales. Se consagran tres funciones esenciales dentro del proceso penal, confiadas a tres órganos igualmente diferentes.
1.- La función de acusar, confiada al Ministerio Público, a quien le corresponde el monopolio de la acción penal e interviene como “acusador".
2.- La función de la defensa, que se le confiere a uno más defensores, máximo hasta tres, cuando la defensa es privada y uno público.
El acusador y el defensor, constituyen las partes en nuestro proceso penal.
3.- La función de decisión, que está confiada al órgano jurisdiccional competente y que no le confiere la cualidad de parte en el proceso penal.
En el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente esta función la ejercen los Tribunales Especializados en esta materia.   




4.1 Ministerio Público y Policía de Investigación Penal.
4.1. El Ministerio Público:
                Hildergard Rondón de Sansó, en su obra “Análisis de la Constitución Venezolana de 1999 – Parte Orgánica y Sistemas”, Editorial Exlibris – Caracas – 2.001, nos enseña:
                “El Ministerio Público, si bien forma parte del Sistema Judicial, pertenece igualmente al Poder Ciudadano, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. … La diferencia fundamental entre la figura del Ministerio Público en la Constitución del 61 y la del Ministerio Público en la Constitución del 99, no se encuentra en el hecho de que el mismo pertenezca a una entidad mayor, el Poder Ciudadano, sino en el significado amplísimo que el Ministerio Público tenía como tutor de la observancia de la Constitución y la leyes. En efecto, el artículo 218 de la Constitución del 61, le asignaba velar por el exacto respeto de la obediencia de los textos normativos, convirtiéndolo así en el defensor de la ley.
                A partir de la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la figura del Ministerio Público deja de ser el del defensor de la ley, para convertirse en acusador público, es decir, el que ejerce la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla, no fuere necesaria la instancia de parte. La Constitución de 1999… lo califica como el acusador por excelencia en un sistema acusativo… dejando a la Defensoría del Pueblo lo que significó inicialmente su función de defensor de la legitimidad del Estado.”.   
                Constituye una de las atribuciones del Ministerio Público, conforme al numeral 4º del artículo 285 de la Carta magna, ejercer en nombre del Estado la acción penal en los delitos de acción pública, es decir, enjuiciables de oficio, cuando por cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible, conforme lo expresa el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal.
Igualmente el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que, el monopolio de la acción pública le corresponde al Estado, por órgano del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Por su parte, el artículo 24 del Código Adjetivo Penal, expresa, que el Ministerio Público debe ejercer de oficio la acción penal en aquellos delitos calificados como de acción pública, o enjuiciables de oficio, salvo aquellos calificados como delitos de instancia privada, en que el ejercicio de la acción penal le corresponde sólo a la víctima o a su requerimiento.
El artículo 25 de la misma ley, nos dice, que las acciones que nacen de  los delitos que la ley establece como de instancia privada, solo podrán ser ejercidas por la víctima.
La misma norma expresa, que en los casos de los delitos previstos en los Capítulos I, II y III del Título VIII del Código Penal Vigente, esto es, “Delitos Contra Las Buenas Costumbres y Buen Orden de las familias”, Capítulo I: De la Violación, de la Seducción, de la Prostitución o Corrupción de Menores y de Ultrajes al Pudor. Capitulo II: Del Rapto. Capitulo III: De los Corruptores, para su persecución y enjuiciamiento, bastará con la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales, por la víctima o por sus representantes legales o guardadores si la victima fuere entredicha o inhabilitada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales.
Así mismo dispone, que cuando la víctima, por sí sola, no pueda realizar la denuncia o interponer la querella, por razón de su edad o estado mental, ni tiene representantes legales, o si se encuentran imposibilitados o complicados en el delito, el Ministerio Público está obligado a ejercer la acción penal. En todo caso, si la víctima es mayor de dieciocho años, el perdón, el desistimiento o renuncia, pone fin al proceso.
En el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, por disposición expresa del artículo 648 de la ley especial, el monopolio de la acción penal pública para exigir la responsabilidad del o de la adolescente que haya cometido cualquiera de los delitos o faltas establecidos en el Código Penal o leyes especiales penales, le corresponde al Ministerio Público Especializado.
Es deber del Ministerio Público Especializado, conforme lo dispone el artículo 649 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes, que cuando existan sospechas fundadas de la perpetración de hechos punibles, y la participación de adolescentes, iniciar la averiguación y una vez establecida la intervención de éstos, ejercer la acción penal, a excepción de los casos en los cuales sea procedente aplicar los criterios de oportunidad previstos en la ley, es decir, la conciliación y la remisión.
Las facultades y atribuciones del Ministerio Público,  para el correcto cumplimento de sus funciones, en el Sistema de Protección y de Responsabilidad Penal del Adolescente, están consagradas en los artículos 171 y 650 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
                Art. 171.- Facultades.
Para el ejercicio de sus funciones el o la Fiscal del Ministerio Público podrá:
a) Ordenar notificaciones, a fin de solicitar las declaraciones para la investigación inicial de los hechos. En caso de negativa, puede ordenar la comparecencia compulsiva mediante la autoridad policial.
b) Solicitar a las autoridades toda clase de información, pericias y documentos.
c) Pedir informes a instituciones privadas o a particulares.

                Art. 650.- Funciones.
En relación con este Título, son funciones del Ministerio Público:
a) Velar por el cumplimiento de sus disposiciones.
b) Investigar los hechos punibles con participación de adolescentes.
c) Ejercer la acción salvo los casos previstos.
d) Solicitar y aportar pruebas y participar en su producción.
e) Solicitar la cesación, modificación o sustitución de las medidas cautelares o sanciones decretadas.
f) Interponer recursos.
g) Vigilar el cumplimiento de las funciones de la policía de investigación.
h) Asesorar a la víctima durante la conciliación, cuando ella lo solicite.
i) Las demás que esta ley u otras le fijen.

Dispone así mismo, el artículo 650, en su Parágrafo Primero, que el Ministerio Público, dispondrá de Fiscales Especializados con guardias permanentes para atender todos aquellos casos de detención de adolescentes, que incurran en la comisión de hechos punibles. Cuando la detención de un o una adolescente se verifique o produzca en lugares donde no exista sede del Ministerio Público, la policía local que practique la detención, dará aviso inmediato al Juez o Jueza de Control, para su presentación.
En el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, el Principio de la Unidad del Ministerio Público, no es íntegramente procedente, en virtud de la función especialísima propia de los fiscales que actúan en juicio penal adolescentes.
El principio expresa, que un fiscal titular de una acción puede ser sustituido por otro, no obstante, para que esto se produzca en este sistema penal adolescente, tiene que ser otro fiscal especializado, designado para tales efectos.  

                4.1.1.  La Policía de Investigación Penal.-
                La Policía de Investigación, dispone el artículo 651 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es la encargada de la investigación técnica, práctica y científica  de los delitos donde se encuentran implicados adolescentes, con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes. El Ministerio Público contará con el auxilio de la Policía de Investigación, para lo cual, sus integrantes, en el caso de la justicia penal juvenil, deben estar especialmente capacitados para trabajar con adolescentes.
                A través de los años, el cuerpo policial por excelencia, desde su creación, que cuenta con una División que se encarga de la investigación y esclarecimiento científico de delitos cometidos por adolescentes, es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
                El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), conocido anteriormente como Cuerpo de Policía Técnica Judicial (CPTJ), y en sus inicios como Policía Técnica Judicial (PTJ), en nuestro país, es el principal cuerpo policial de investigaciones penales.
                El 20 de Febrero de 1.958, el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta Cívico Militar de Gobierno, que sustituyó al gobierno dictatorial del derrocado Marcos Pérez Jiménez, decidió mediante decreto No. 48, la creación de un cuerpo policial que se dedicara de manera técnica y científica a la investigación de los diversos delitos, además de establecer  su función como auxiliar del Poder Judicial, denominándose para entonces como “Policía Técnica Judicial”.   
                En la Ley de Policía Judicial del 08 de Julio de 1.975 se instituyó su estructura y organización institucional; ley ésta que fue sustituida por la Ley de Policía de Investigaciones Penales del 11 de Septiembre de 1.998.
                Con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, se estableció la necesidad de crear un cuerpo policial de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, que vendría a sustituir, esa denominación, a la de Policía Técnica Judicial, vigente a la fecha, y en el año 2.001 comenzó una reforma a la estructura y organización del organismo, que se concretó finalmente en al año 2.003.
Expresa el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:
2.-  Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
Dispone el artículo 652 de la ley especial, que entre las atribuciones que compete a la Policía de Investigación del Sistema Penal Adolescente, está la de citar o aprehender al o a la adolescente que hayan resultado presuntos responsables en la comisión de un hecho delictivo investigado, pero no podrá e o la adolescente ser incomunicados; y en caso de aprehensión deberá comunicar inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público Especializado.
Igualmente, señala el artículo 653 de la misma ley, que cuando un o una adolescente es aprehendido o aprehendida por otro cuerpo policial, en la comisión de un hecho punible, éstos están en obligación de ponerlos inmediatamente a la orden de la Policía de Investigación.
4.2. Imputado o Imputada y Defensor o Defensora Privado.
4.2.1. Imputado o Imputada.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 654, nos define a imputado o imputada como: “Todo adolescente señalado como presunto autor o participe de un hecho punible”
Desde el mismo momento, en que surge la sospecha y se ordena una investigación contra cualquier adolescente, como presunto autor de un delito, nace a su favor una serie de derechos y garantías y se le señala como “imputado o “imputada”
De tal manera, que el o la adolescente sobre quien pesa sospecha y se investiga de ser autor o participe en la comisión de un hecho punible, es considerado “imputado o “imputada”
Una vez que el o la adolescente es señalado o señalada como presunto autor o participe de un delito, desde el primer acto de procedimiento,  tiene los siguientes derechos:
-          Que se le informe de manera específica y clara sobre los hechos que se le imputan y la autoridad responsable de la investigación.
-          Que se le permita comunicarse en privado con sus padres, representante o responsables.
-          Que se le permita comunicarse en privado con abogado o abogada de su confianza o persona o asociación igualmente de su confianza, para informarles sobre su detención.
-          El derecho inalienable de ser asistido por un defensor o defensora privado o privada, designado por él o por ella, sus padres, representantes o responsables o en su defecto, se asistido por un defensor o defensora público especializado.
-          Si no habla o no comprende el idioma castellano, ser asistido en forma gratuita por un o una intérprete.
-          Solicitar al Ministerio Público Especializado, que se practiquen todas y cada una de las diligencias de investigación que considere necesarias y pertinentes a objeto de desvirtuar las imputaciones que pesan en su contra.
-          Acudir personalmente ante el Juez o Jueza, con la finalidad de rendir declaración sobre el asunto que le concierne o se le imputa.
-          Pedir que se impulse  la investigación y a conocer su contenido.
-          Solicitar que se declare improcedente la prisión preventiva o que cese la misma.
-           A no ser obligado u obligada a declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y en caso de querer declarar, debe hacerlo sin juramento, libre de apremio y coacción y con asistencia de su defensor o defensora, caso contrario, la declaración rendida sin asistencia, será nula de nulidad absoluta; igualmente tampoco puede ser obligado u obligada a confesarse culpable de los hechos que se le imputan.
-          A que no sea sometido o sometida a técnicas o métodos que produzcan o alteren su libre voluntad, aun con su consentimiento, ni a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
-          A no ser juzgado o juzgada en ausencia.
                La ley especial nos dice, que se entiende como primer acto de procedimiento, cualquier indicación policial, administrativa, del Ministerio Público Especializado o judicial que indique o señale a un o una adolescente como posible autor o participe de un hecho punible.
4.2.2. Defensor o Defensora Privado.
El Defensor o Defensora privado, es aquel o aquella persona graduada de abogado, que está en el libre ejercicio de la profesión y que hace de ella su ocupación habitual.
El artículo 11 de la Ley de Abogados, nos enseña que se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.
El Defensor o Defensora privado, es aquel o aquella designado o designada personalmente por el o la adolescente imputado o imputada, por sus padres, madres, representantes o responsables para que lo o la asista a título oneroso en la defensa de su causa.
Estos podrán designar hasta un máximo de tres (3) defensores o defensoras privados, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente.
Una vez constituida la defensa, manifestarán su aceptación ante el Juez o Jueza sin más formalidades.
El Defensor o Defensora, sea privado o público, tiene como función primordial ejercer la defensa integral o total del o de la adolescente imputado o imputada o acusado o acusada, con miras a:
1.- Demostrar su inocencia, según el caso
2.- Cuidar, en el supuesto que sea declarado o declarada culpable, por la correcta aplicación de la ley.
3.- Velar por la justa aplicación de la sanción, si fuere condenado o condenada.
4.3.  Defensor Público o Defensora Público.
                La Defensa Pública es una institución que tiene como propósito fundamental, garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la defensa, en las distintas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar, a nivel nacional, un servicio de Defensa Pública, en forma gratuita a los ciudadanos y ciudadanas que lo requieran, sin distinción de clase socio-económica.
                La Defensa Pública está contemplada en el  artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:
                "La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio".
Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, se inicia una nueva etapa en la institucionalidad jurídico-política de la nación, al constituirse Venezuela en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Uno de estos derechos es la Defensa, tal como lo establece el artículo 49 ordinal 1 de la Constitución. Para garantizar este derecho se creó en el año 2000, mediante Resolución 1.191, de fecha 16 de junio de 2000, publicada en Gaceta Oficial N° 37.024 de fecha 29 de agosto de 2000, la Defensa Pública, órgano adscrito al Tribunal Supremo de Justicia, que tiene como objeto Garantizar el Derecho a la Defensa y el acceso a la tutela judicial efectiva de todo ciudadano o ciudadana, nacional o extranjero, bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, responsabilidad, equidad y oportunidad.
Los Defensores Públicos que actúan en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, son funcionarios capacitados y designados exclusivamente para laborar en esta área.
En todos los estados de Venezuela donde funciona la Unidad de Defensa Pública, laboran Defensores Públicos Especializados, funcionarios designados por el Estado Venezolano, para que asuman la defensa gratuita de todo adolescente imputado o imputada, nacional o extranjero que requiera de sus servicios, bien porque no ha elegido un abogado o abogada privado de su confianza como defensor o defensora, o rechaza el o la que le designaron sus padres, madres, representantes o responsables.
Cuando un o una adolescente requiera los servicios profesionales de un defensor o una defensora Público, éste o ésta no podrá por ningún respecto oponerse o negarse a ello, a menos que exista una causal de inhibición, en tal caso, se le designará otro defensor o defensora.
El Defensor o Defensora Público, una vez constituida la defensa, deberá prestar su aceptación sin más formalidades ante el Juez o Jueza.
4.4. Defensor o Defensora de oficio.
Cuando en la localidad o región, nos señala el artículo 658 de la ley pupilar, donde se lleva a efecto una investigación en que se encuentra incurso un o una adolescente, no funcionare la unidad de Defensa Pública, el órgano competente, le designará un defensor o defensora de oficio, quien de la misma manera deberá prestar juramento de cumplir fielmente la designación que recae en su persona.
4.5. Defensor o Defensora Auxiliar.
Este defensor o Defensora Auxiliar se designa cuando se requiere practicar diligencias fuera del lugar del proceso o de la Jurisdicción del Tribunal que conoce la causa, si el Defensor o Defensora designados para esa causa, manifestare que no puede trasladarse o asistir a la práctica de tales diligencias o actuaciones.
4.6. Padres, madres, representantes o responsables.
Según se infiere del artículo 655 de la ley especial, los padres, madres, representante o responsables del o de la adolescente imputado o imputada, pueden intervenir en el procedimiento que se le sigue a su representado o representada, cooperando con la defensa y el tribunal que conoce de la causa, aportando cualquier información que tengan del adolescente, sobre su comportamiento y conducta.
Igualmente podrán rendir declaración si fuesen testigos del hecho, pero en ningún momento podrán ser obligados a ello y sólo lo harían espontáneamente o cuando se le requiere y estuvieren dispuestos a rendirla.


4.7. Victima. Derechos. Asistencia especial o Querellante. Acción Penal Privada.
Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, en el artículo 5,  nos da una definición exacta, desde el punto de vista procesal, de víctima:
“Se consideran víctimas directas, a los efectos de la presente Ley, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
De igual forma, se consideran víctimas indirectas a los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”.
Por su parte, dispone el artículo 661 de la Ley Pupilar,  que se considera víctima, a los fines de ejercer los derechos que la ley les confiere por tal condición a:
- Al directamente ofendido u ofendida por el hecho punible.
- Al o a la cónyuge o la persona con quien haga vida marital , al hijo, hija, padre o madre adoptivo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido u ofendida o, su incapacidad.
- A los socios, socias, asociados, asociadas o integrantes, respecto de los delitos que afecta a la respectiva persona jurídica.
- A las asociaciones, fundaciones y otros entes legalmente constituidos, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses.
Derechos de la víctima.-
El artículo 662, de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, confiere a las personas naturales o jurídicas, de acuerdo con la definición que nos señala el artículo 661 de la misma ley, un conjunto de derechos que pueden ejercer en el proceso, aun cuando no se hayan constituido como querellante.
Estos derechos le permiten perseguir personalmente sus intereses en el proceso y como parte afectada hará lo imposible para que el hecho se esclarezca y sean castigados el o los autores.
Los derechos son los siguientes:
- Intervenir en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Ser informado o informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.
- Solicitar protección frente a probables atentados futuros en contra suya o de su familia.
- Adherirse a la acusación fiscal en caso de hechos de acción pública.
- Ejercer las acciones civiles derivadas del hecho punible.
- Ser oído u oída por el o la fiscal del Ministerio Público antes de que éste solicite la suspensión del proceso a prueba o el sobreseimiento.
- Ser oído u oída por el tribunal antes de pronunciarse del sobreseimiento u otra resolución que ponga término a la causa.
- Recurrir en apelación contra el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.   
Asistencia especial.-
Nos indica el artículo 663 de la ley especial, que la persona directamente ofendida por el hecho punible o delito, podrá solicitar que sus derechos y facultades los ejerza directamente una asociación de protección o ayuda a la víctima, sin fines de lucro, cuando su participación en el proceso le pueda causar algún daño psíquico o moral o cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses.
Para ello, no será necesario que la víctima otorgue poder especial, sino que bastará documento público firmado por él o ella o su representante legal, donde delegue esos derechos y facultades.
4.7.1. Querellante y acción penal privada
Cuando se trata de delitos sólo perseguibles a instancia de parte o delitos privados, el ofendido directamente por el delito o aquellas personas que la ley les confiere tal condición, podrán presentar acusación privada o querella ante el Juez de Control, quien decidirá sobre la admisión o no de la misma.
Si el Juez de Control admite la querella, ordena a la Policía de Investigación, que practique las diligencias solicitadas por el querellante, si las considera útiles y necesarias.
Realizadas o practicadas las diligencias, según el caso, el Juez de Control se las entrega al querellante para que éste dentro de los diez (10) días siguientes presente acusación.
En los delitos de acción pública, el ofendido u ofendida directamente por el hecho punible o las demás personas consideradas legalmente victimas por la ley, podrán adherirse a la acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público.
Sólo la víctima directa del delito y aquellas personas a quienes la ley les confiere esa condición, podrán presentar querella o acusación.
4.8. Órganos Jurisdiccionales.-
El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, al igual que el Sistema Penal de adultos, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, está constituido por los distintos órganos jurisdiccionales que se encargan de establecer la responsabilidad de los o  de las  adolescentes en conflicto con la ley penal, la aplicación y control de las sanciones que se les impongan, pero de una manera distinta, ya que se trata de una jurisdicción especializada.
Conforme a lo establecido en el artículo  665 de la señalada Ley Especial, son órganos jurisdiccionales de este sistema:
1.- Tribunales Penales Ordinarios de la Sección Adolescentes:
                a.- Tribunal de Control.
                b.- Tribunal de Juicio.
                C.- Tribunal de Ejecución.
2.- Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.-     
                Le corresponde a estos entes el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los conflictos o asuntos sometidos a su decisión, conforme a esta ley, así como a las leyes de organización judicial y reglamentación interna.
1.- Tribunales Penales Ordinarios de la Sección Adolescentes:
                a.- Corresponde a los Tribunales de Control, controlar la investigación y la Audiencia Preliminar. Estos tribunales estarán a cargo de un Juez o Jueza Profesional que se denominará Juez o Jueza de Control de la Sección Penal Adolescentes.
                En aquellos lugares donde no funcione el Tribunal de Control,  esta función la asumirá el Juez o Jueza de Municipio de la localidad.
                b.- A los Tribunales de Juicio le corresponde la fase de juzgamiento, estará integrado por un Juez o Juez Profesional, que se denominará Juez o Juez de Juicio de la Sección Penal Adolescente, acompañado o acompañada de dos escabinos o escabinas, para aquellos casos en que la sanción es la privativa de la libertad.
                c.- El control del cumplimiento de las sanciones corresponde al Tribunal de Ejecución, constituido por un Juez o Juez Profesional, que se llamará Juez o Juez e Ejecución de la Sección Penal Adolescentes.
                d.- En cada Tribunal o Circuito Judicial, funcionará una Corte Superior, constituida por una o más Salas de Apelación, integrada por tres jueces o juezas.
2.- Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.-    
Le corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conocer del Recurso de Casación

               




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